Pese a leyes en los 32 estados, maltrato y crueldad animal aún desafían a las instituciones
Patria MX
22 de julio de 2026
La existencia de leyes contra el maltrato y la crueldad animal en las 32 entidades del país no ha sido suficiente para garantizar una respuesta homogénea y eficaz ante estos delitos, debido a la falta de protocolos comunes, personal especializado y coordinación entre autoridades, advirtieron senadoras y senadores del PRI.
A través de un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, las y los legisladores señalaron que, aunque los códigos penales y las leyes locales de protección animal contemplan sanciones por distintas conductas de maltrato, todavía existen obstáculos para que las investigaciones avancen de manera oportuna y se garantice la protección de los animales afectados.
Entre las principales deficiencias identificadas se encuentran la falta de protocolos homologados de actuación, la capacitación insuficiente de policías, personal ministerial y administrativo, así como la escasez de médicos veterinarios especializados en medicina forense veterinaria.
Las y los legisladores también señalaron dificultades para preservar indicios y conformar carpetas de investigación bajo criterios técnicos uniformes, además de una coordinación limitada entre autoridades ambientales, ministeriales, policiales y municipales.
Ante casos de maltrato registrados en diferentes entidades, como el envenenamiento masivo, abandono, peleas clandestinas, lesiones intencionales y actos de extrema crueldad, el punto de acuerdo, remitido a la Segunda Comisión de la Permanente, plantea fortalecer la preparación y especialización del personal ministerial, policial, pericial, de inspección y administrativo que interviene en la atención e investigación de estos hechos.
La propuesta está dirigida a la Fiscalía General de la República, las Fiscalías Generales de Justicia estatales, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), así como a los gobiernos estatales y municipales.
También se plantea mejorar la coordinación entre las instituciones y establecer protocolos homologados que permitan actuar de manera integral desde la prevención y atención de los casos, hasta el rescate, aseguramiento, valoración médico-veterinaria, resguardo e investigación de los animales afectados.
Con estas medidas, las y los legisladores buscan que el marco legal existente se traduzca en una respuesta institucional más efectiva frente al maltrato y la crueldad animal en todo el país.
