Foro destaca avances hacia nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas
Patria MX
13 de agosto de 2026
En el Foro Académico “Del reconocimiento constitucional a la transformación del Estado: la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas”, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (FDCS-UABJO), se analizó la evolución del reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos y los retos para hacerlos efectivos.
Regino Montes explicó que el proceso impulsado por el Gobierno de México busca recoger las propuestas, opiniones y saberes de las comunidades antes de que la iniciativa sea enviada al Congreso de la Unión. Para ello, se contempla realizar 82 asambleas regionales de consulta y siete mesas de trabajo, precedidas por visitas a miles de comunidades indígenas para presentar la propuesta normativa y promover su análisis en asambleas y talleres.
El titular del INPI destacó que este proceso parte de los avances alcanzados en Oaxaca durante la década de 1990 y de las reformas constitucionales en materia indígena, hasta llegar a la modificación del 30 de septiembre de 2024, mediante la cual los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas fueron reconocidos como sujetos de derecho público, con facultades y competencias propias.
Señaló que la reforma constitucional de 2001 dejó pendientes mecanismos efectivos para el ejercicio de la autonomía y que durante más de dos décadas persistió la falta de una legislación federal integral en la materia.
Durante el foro, especialistas coincidieron en que el reconocimiento constitucional representa un avance, pero requiere mecanismos legales y participación comunitaria que permitan llevar esos derechos a la práctica.
Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostuvo que las reformas legales y constitucionales no son suficientes por sí mismas para transformar las estructuras del Estado, por lo que consideró necesaria la organización comunitaria, la participación colectiva y la acción social para hacer efectivos los derechos reconocidos.
El académico destacó además las implicaciones de la propuesta de Ley General en ámbitos como la autonomía, el patrimonio cultural, las autoridades comunitarias y el derecho al territorio.
Por su parte, Víctor Leonel Juan Martínez, director general de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que la reforma constitucional de 2024 constituye un cambio histórico, aunque su aplicación requiere una legislación secundaria que establezca mecanismos para ejercer la libre determinación, la autonomía y el pluralismo jurídico.
El foro contó con la participación de autoridades zapotecas, representantes de organizaciones civiles, académicos y estudiantes.
